Mientras el Banco Central refuerza su mensaje sobre crecimiento, estabilidad macroeconómica y expectativas de expansión, el aumento del costo de vida queda relegado a un segundo plano. Esa desproporción no solo es de forma: también revela una prioridad oficial que se aleja del gasto real que enfrentan los hogares.
Los datos oficiales, sin embargo, fuerzan una lectura menos optimista. En mayo de 2026, la inflación interanual fue de 5.35 %, la acumulada de 1.50 %, la mensual de 0.31 % y la subyacente de 4.86 %. Con esas cifras, la inflación se mantuvo por segundo mes consecutivo por encima del techo del rango meta establecido en 4 %, más o menos 1 %, una señal que golpea el ingreso real y desmiente cualquier intento de reducir el problema a una nota secundaria dentro del relato económico.
También la canasta básica continuó encareciéndose. Entre enero y mayo pasó de RD$48,734.28 a RD$49,268.36, para un aumento de RD$534.08, equivalente a 1.1 %. En términos contables puede parecer moderado; en la vida cotidiana significa pagar más por lo mismo, y muchas veces pagar más para llevar menos. El impacto, además, alcanzó toda la estructura social: se registraron aumentos en todos los quintiles de ingreso, con mayores incrementos en la región este, donde la canasta subió RD$681.43; en la región norte, RD$591.94; y en la región Ozama, RD$552.34.
El Banco Central mantuvo la Tasa de Política Monetaria en 5.25 % y señaló que la misión del FMI proyecta un crecimiento en torno a 4 % para 2026. Ambas referencias pueden coexistir, pero justo ahí aparece la alerta institucional: una economía no se mide solo por el optimismo de sus informes, sino por su capacidad de proteger el poder de compra. Cuando el mensaje oficial privilegia la vitrina macroeconómica y deja en un párrafo el deterioro del consumo básico, lo que corresponde no es la celebración, sino la fiscalización.
Ese contraste entre discurso y realidad alimenta el desgaste de la gestión económica: si el costo de vida sube en todo el país y para todos los niveles de ingreso, la discusión pública no puede seguir atrapada en indicadores que no alivian la compra de alimentos ni corrigen la presión sobre los hogares. La prioridad ciudadana está en los precios, y cualquier narrativa que intente desplazar ese dato central solo refuerza la necesidad de rendición de cuentas sobre resultados concretos, no sobre expectativas.