Un informe reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sitúa a la República Dominicana entre los países que han impulsado políticas públicas para enfrentar las uniones infantiles, tempranas y forzadas y su vínculo con el embarazo en adolescentes. Aun así, el análisis insiste en que el fenómeno continúa presente en la región y demanda respuestas integrales, intersectoriales y con enfoque territorial, lo que deja claro que el desafío permanece abierto más allá del reconocimiento institucional.
En el caso dominicano, el estudio “Matrimonios y uniones infantiles en América Latina y el Caribe: de los datos a la acción pública” toma como referencia elementos de la Política de Prevención y Atención a las Uniones Tempranas y el Embarazo en Adolescentes (PPA) como una experiencia útil para el diseño de políticas públicas. Entre los aspectos señalados figuran la coordinación interinstitucional, la planificación de acciones y la aplicación de medidas en territorios con mayor incidencia, mediante mecanismos de articulación en los que participan el Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), un esquema que también pone sobre la mesa la necesidad de seguimiento y rendición de cuentas sobre su ejecución real.
Los datos oficiales citados en el comunicado muestran una caída de los embarazos en adolescentes, de 27,476 casos en 2021 a 16,481 en 2025. Sin embargo, el propio texto señala que esa evolución debe analizarse tomando en cuenta la metodología y la cobertura de los registros estadísticos empleados en cada período. La Oficina Nacional de Estadística (ONE), de hecho, ha difundido infografías periódicas con base en datos del sistema de salud, un elemento que vuelve central la revisión de resultados verificables y no solo del diseño de la política.