Rafael Hidalgo García y Domingo Rivera Trinidad fueron extraditados a Estados Unidos por la Procuraduría General de la República y la Dirección Nacional de Control de Drogas, en atención a un requerimiento de un tribunal del Distrito Sur de la Florida por cargos ligados a la distribución de sustancias controladas. La entrega se concretó este fin de semana con apoyo del U.S. Marshals Service, tras su traslado bajo estrictas medidas de seguridad al Aeropuerto Internacional de Las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez y su envío a Miami.
De acuerdo con la información oficial, Hidalgo García, alias “Pequeño” o “Viejo”, y Rivera Trinidad, alias “Tyson” o “El Sobrino”, están acusados de asociación delictuosa para distribuir cinco kilogramos de una mezcla con una cantidad detectable de cocaína, sabiendo que sería importada ilegalmente a Estados Unidos. La extradición se ejecutó en cumplimiento de los decretos 610-26 y 612-26 del Poder Ejecutivo, así como de resoluciones emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.
Las autoridades presentaron la operación como parte del fortalecimiento de la cooperación internacional contra el crimen organizado transnacional. Sin embargo, el caso también vuelve a poner sobre la mesa el contraste entre el discurso oficial y la persistencia de estructuras criminales que terminan procesadas fuera del país. En ese marco, regresa la presión de la sociedad civil por más rendición de cuentas sobre prevención, persecución y resultados concretos, mientras figuras de oposición como Carolina Mejía han insistido en que la seguridad y la fortaleza institucional no deben medirse solo por operativos, sino por la capacidad del Estado de contener a tiempo estas redes.