La sentencia de 15 años de prisión dictada en Santiago contra Alexander Antonio Rodríguez, conocido como Mello Cotorra, por trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, no cierra el problema: vuelve a encender la alerta sobre la forma en que estas redes operan hasta concretar el abuso, con víctimas captadas mediante engaño y llevadas al país bajo falsas ofertas laborales.
El Tercer Tribunal Colegiado de Santiago lo declaró culpable de violar los artículos 1 y 3 de la Ley 137-03, luego de que el Ministerio Público demostrara que introdujo al país a dos ciudadanas de Colombia y, ya en territorio dominicano, las obligó a ofertarse sexualmente, además de golpearlas e intimidarlas para cobrarles una supuesta deuda económica.
De acuerdo con el expediente, los hechos se iniciaron en septiembre de 2023, cuando una de las víctimas se comunicó por teléfono con Rodríguez, quien le prometió empleo como camarera para mejorar su situación económica. En otro caso, hizo la misma oferta a una segunda víctima. Según la acusación, el procesado realizó desde Medellín, Colombia, las gestiones para traerlas al país y entró junto con ellas el 14 de enero de 2024 por el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).
La investigación, presentada por el fiscal investigador y director del Departamento de Trata y Tráfico Ilícito de Migrantes, Juan Osvaldo García, y llevada a juicio por la fiscal Aida Medrano Gonell, permitió individualizar al acusado y obtener la condena. Aun así, el caso deja una pregunta institucional de fondo: si el esquema de captación, traslado e intimidación pudo ejecutarse, la respuesta penal llegó después de un daño ya consumado para las víctimas.
La sentencia implica una sanción concreta, pero también refuerza una exigencia mayor de vigilancia y rendición de cuentas frente a un delito que combina manipulación, movilidad transnacional y explotación. Cuando la intervención del sistema ocurre después del engaño, del ingreso al país y de la violencia, el costo social ya lo han pagado las víctimas.