La discusión sobre la utilidad de la investigación científica en la República Dominicana vuelve a colocar bajo la lupa la gestión pública de los recursos destinados a ese ámbito. El texto plantea que, pese a que el país ha logrado formar y consolidar un número significativo de investigadores, siguen abiertas las dudas sobre para qué han servido los miles de millones de pesos invertidos por el Estado dominicano a través del FONDOCYT y cuál ha sido el destino real de los resultados obtenidos.
El señalamiento parte de una brecha entre el discurso y el impacto. De acuerdo con el autor, numerosos avances terminan publicados y archivados en bases de datos y bibliotecas de acceso limitado, sin llegar al sector productivo ni convertirse en desarrollo económico nacional. También pone en duda si las líneas de investigación responden a las prioridades del país o a agendas e intereses extranjeros, en una advertencia que sitúa sobre la mesa la necesidad de mayor fiscalización, seguimiento institucional y rendición de cuentas sobre el uso de fondos públicos.
A la vez, el artículo afirma que la inversión en educación de postgrado ha dejado un beneficio más concreto e inmediato, al abrir oportunidades profesionales y mejorar condiciones socioeconómicas. En contraste, reclama que la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el Estado dominicano, representado por el Poder Ejecutivo, asuman y den seguimiento al trabajo del Dr. Quírico Castillo Perdomo, presentado como un orgullo nacional. El planteamiento refuerza la presión sobre el gobierno dominicano para explicar resultados verificables y evitar que la investigación financiada con dinero público siga convertida en una oportunidad perdida.