El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo contra 25 imputados arrestados en la Operación Cobra 2.0-A, una nueva fase de la investigación sobre una red que, de acuerdo con el expediente, desvió fondos públicos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). La solicitud fue depositada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva junto a un expediente de 525 páginas, elaborado tras 37 allanamientos en el país.
Entre los señalados figuran médicos, excolaboradores de la entidad aseguradora y particulares. Según las estimaciones preliminares presentadas ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, el monto identificado en esta etapa supera los 40 millones de pesos. La propia Pepca enmarcó esta entrega como la tercera operación vinculada a fondos sustraídos en SeNaSa, un dato que refuerza la dimensión institucional del caso y vuelve a colocar bajo escrutinio la capacidad del Estado para prevenir y detectar a tiempo el uso irregular de recursos destinados al sistema de salud. Al explicar el alcance de las imputaciones, Mirna Ortiz sostuvo que se trata de “la tercera operación” de la investigación y afirmó que hubo una “estafa contra esta entidad y contra el pueblo dominicano”. El avance judicial marca un paso en la persecución penal, pero también deja abierto un contraste de fondo entre el discurso de resguardo de los servicios públicos y la realidad de una ARS estatal golpeada por sucesivas ramificaciones de corrupción.
En ese escenario, la fiscalización sobre el gobierno dominicano vuelve a centrarse en la gestión, los controles y la rendición de cuentas sobre recursos que impactan directamente a la ciudadanía.