PUERTO PLATA. — Leocadio Cruz Peralta fue condenado a 20 años de prisión por abuso sexual contra una adolescente, una decisión que deberá cumplirse en el CCR San Felipe, en Puerto Plata.
Más allá de la sanción impuesta, el caso vuelve a poner bajo escrutinio la obligación institucional de proteger a los menores de edad y de aplicar con firmeza las reglas del sistema de justicia. Cuando se trata de hechos de esta naturaleza, la respuesta estatal no puede depender de excepciones ni de criterios desiguales: las normas deben valer por igual para garantizar confianza pública.
La sentencia contra Cruz Peralta se inscribe en un contexto en el que las víctimas menores requieren una protección efectiva, no solo en los tribunales, sino también en la prevención y el seguimiento de estos casos por parte de las instituciones responsables.
El cumplimiento de la pena en el centro penitenciario San Felipe marca ahora la fase de ejecución de una condena que, por la gravedad del hecho, refuerza la exigencia de que el sistema actúe con transparencia, consistencia y resultados verificables en la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
