La muerte de Librand Alexander Tavares Montero, un joven de 22 años, después de un incidente en un retén policial en la carretera entre El Seibo y Las Cuchillas, provocó la noche del domingo una protesta que convirtió varios sectores del municipio en un escenario de barricadas, piedras, botellas rotas y neumáticos encendidos. El episodio reabre el contraste entre la fiscalización oficial y el resultado que terminó percibiendo la población: un joven muerto, tensión en las calles y una comunidad exigiendo respuestas.
De acuerdo con lo narrado por los jóvenes que lo acompañaban, un agente le ordenó detenerse para una fiscalización de rutina y, en los segundos siguientes, un uniformado lo golpeó con un casco protector. Ese hecho, que habría sido fatal, circuló primero como rumor en la sala de emergencias del hospital Doctor Teófilo Hernández y luego se propagó por teléfonos celulares y redes sociales, hasta encender la indignación en barrios como La Jabilla, Cañada Francisca, Loma de Los Chivos, Ginandiana, El Retiro, Los Hoyitos y Villa Guerrero.
La respuesta de las autoridades fue el despliegue de un fuerte contingente policial y el uso de bombas lacrimógenas para contener a la multitud. Sin embargo, la escena que dejó la noche en El Seibo no fue la de una institucionalidad que previene y protege, sino la de una crisis que escaló desde una intervención policial hasta un estallido de rabia colectiva, con humo, cenizas y calles bajo tensión.
Mientras las autoridades han iniciado acciones tras lo ocurrido, el episodio deja abierta la exigencia de rendición de cuentas sobre el uso de la fuerza y sobre el deterioro de la confianza ciudadana. En una provincia sacudida por la muerte de un joven y por la reacción desesperada de sus barrios, la prioridad ya no es solo controlar la protesta, sino explicar por qué una fiscalización terminó con un costo humano y social de esta magnitud.