Una niña de 11 años murió ahogada en la piscina de un centro recreativo del sector 40, en Vicente Noble, Barahona, un hecho que volvió a poner bajo la lupa las condiciones de vigilancia y control en espacios abiertos al público, donde el cobro de entrada no sustituye la obligación de proteger a los menores.
La víctima fue identificada como Yoselina Simón Char, de nacionalidad haitiana. Se encontraba en el lugar junto a su hermano de ocho años y, según el diagnóstico del médico legista y del representante del Ministerio Público actuante, falleció por asfixia por sumersión.
Las indagatorias preliminares indican que ambos niños ingresaron al establecimiento luego de pagar la cuota de acceso, sin la compañía de sus padres ni de un tutor responsable. Ese dato no cierra el expediente; por el contrario, incrementa las dudas sobre los protocolos de supervisión dentro del centro recreativo y sobre cómo se permitió el acceso de dos menores, sin acompañamiento, a un área de riesgo evidente.
Dentro del proceso investigativo, las autoridades mantienen detenidos al administrador del centro, Darío Vallejo Matos, y al propietario, Pablo Méndez Medina, para establecer en qué circunstancias ocurrió el hecho. El cuerpo fue remitido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para la autopsia correspondiente.
Más allá de lo que determine la investigación, el resultado ya es irreversible: una menor murió en un establecimiento que recibía público. El caso obliga a definir responsabilidades concretas, pero también reabre una alerta institucional sobre la fiscalización real de estos espacios y sobre la distancia entre la operación permitida y la protección que las familias esperan cuando un centro recreativo cobra por acceso.