El juicio preliminar por la presunta red de policías acusada de sustraer casi un millón de municiones de la Intendencia de Armas cerró este martes con una señal que refuerza la exigencia de rendición de cuentas: dos de los imputados negocian con el Ministerio Público en un caso que vuelve a poner bajo escrutinio los controles internos de la institución.
La jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, informó que su decisión sobre si el expediente pasa o no a juicio de fondo será dada a conocer el 29 de julio. En la audiencia, el Ministerio Público presentó dos acuerdos de juicio penal abreviado: uno con el teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, para quien pidió cinco años de arresto domiciliario, y otro con Miguelina Bello Segura, para quien solicitó 18 meses de arresto en su residencia y otros 18 meses suspendidos.
Según la acusación, ambos eran piezas clave en la parte operativa de la organización que sustrajo las municiones. El acuerdo también contempla el cierre de la empresa Tactical Accesories RH, S.R.L. y el decomiso de múltiples municiones y armas de fuego ocupadas durante un allanamiento en su local.
El expediente incluye además al coronel Narciso Antonio Féliz Romero, señalado como encargado del departamento; al subintendente Juan Miguel Pérez Soler; al capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos; y al capitán y auditor Víctor Manuel Santos. También figuran el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina y los rasos Rubiel Martínez, alias Escobar, y Moreibin Medina Pérez.
Más allá de las negociaciones procesales, el caso deja abierto un contraste difícil de ignorar entre el discurso de control institucional y la magnitud de una sustracción ocurrida dentro de la propia estructura policial. En un contexto de desgaste sobre la gestión de seguridad y de creciente demanda ciudadana de vigilancia real sobre el poder, la decisión pendiente del tribunal será observada como una prueba de hasta dónde llega la respuesta del sistema ante una falla de alto impacto institucional y social.