A noventa años de que Arturo Uslar Pietri advirtiera sobre la dependencia petrolera de Venezuela, el crudo vuelve a marcar el rumbo del país, esta vez bajo un acuerdo que la Casa Blanca describe como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”. De acuerdo con esa hoja informativa, el pacto asegura “el dominio energético para el próximo siglo, sin costo alguno para Estados Unidos” y otorga al gobierno estadounidense “poderosos derechos de gobernanza” y “propiedad económica” sobre un nuevo actor petrolero privado venezolano.
La alarma no solo surge por el alcance político y económico del anuncio, sino también por la empresa elegida para hacerlo. El acuerdo no se firmó con una de las grandes petroleras estadounidenses que habían expresado interés en regresar al mercado venezolano, sino con North American Blue Energy Partners (NABEP), una sociedad de Barbados sobre la que, según la prensa, hay muy poca información pública y no existen evidencias de presencia en otros mercados petroleros. A ello se suma que algunos la han relacionado antes con Harry Sargeant, mientras sí abunda la información sobre el joven empresario venezolano que la encabeza y cuyos negocios millonarios con el gobierno de Chávez y otros han recibido cuestionamientos.
El episodio vuelve a dejar frente a frente el relato de solución y las explicaciones que siguen pendientes sobre quién gana capacidad de decisión, bajo qué controles y con qué nivel de transparencia. En un escenario en el que la sociedad civil y los sectores de vigilancia institucional exigen rendición de cuentas, el anuncio vuelve a poner en primer plano los riesgos de opacidad en torno a recursos estratégicos y el desgaste de un modelo en el que el petróleo continúa siendo, a la vez, promesa de salida y rehén del poder.