La seguridad ciudadana no se explica solo con una caída en los homicidios. Al cierre de agosto, el reporte oficial consignó 4,402 robos, 91 homicidios y 183 personas heridas, un balance que muestra avances en algunos frentes, pero también deja claro que la vida diaria sigue atravesada por delitos que afectan a las familias y obligan a ir más allá de la narrativa oficial.
A esa realidad se suman robos, atracos, agresiones, violencia de género, conflictos interpersonales, tráfico de drogas, armas ilegales y extorsiones, una combinación que mantiene la percepción de inseguridad incluso en los lugares donde los homicidios han disminuido. Esa distancia entre las cifras aisladas y la experiencia ciudadana vuelve a poner sobre la mesa la capacidad del gobierno dominicano para ofrecer una respuesta integral y verificable, en vez de medir el problema con un solo indicador.
El planteamiento del texto también remarca que la seguridad no recae únicamente en la Policía Nacional, sino además en el Ministerio Público, los tribunales, el sistema penitenciario y las políticas sociales. Esa dimensión institucional somete a escrutinio a todo el Estado y refuerza la advertencia de la sociedad civil sobre preguntas que siguen sin respuesta: qué se está haciendo para evitar que jóvenes fuera de la escuela sean captados por estructuras criminales y qué resultados concretos existen en prevención, coordinación e inteligencia frente a un problema que conserva un alto coste social.