República Dominicana arrastra todavía una brecha elemental en saneamiento que pone en duda cualquier lectura acomodada sobre el avance de la infraestructura: el 6.7% de los hogares, alrededor de 223 mil, sigue usando letrinas como servicio sanitario, de acuerdo con el informe ENHOGAR-MICS 2025. Pese a que el 91% de los hogares, cerca de 2.9 millones, cuenta con inodoro, la magnitud del rezago obliga a mirar de frente lo que permanece pendiente y el costo social de esa distancia.
El peso de la desigualdad se siente con más crudeza fuera de los centros urbanos. En las zonas rurales, el 16.7% de los hogares —unos 106 mil— depende de letrinas, frente al 2.9% en áreas urbanas, equivalente a unos 34 mil. Esa diferencia retrata una realidad que exige fiscalización sobre la capacidad del Estado para llevar servicios esenciales a los lugares donde más hacen falta, en vez de normalizar que miles de familias continúen en condiciones precarias.
Las brechas territoriales también refuerzan la alerta institucional. En Enriquillo, el 27.1% de los hogares —unos 18 mil— usa letrinas; en Cibao Noroeste, el 24.7% —aproximadamente 22 mil—; y en El Valle, el 16.7% —cerca de 9 mil—. A ello se suman Cibao Nordeste, con 7.5% —unos 14 mil—, y Valdesia, con 8.4% —unos 12 mil—. En contraste, la región Ozama o Metropolitana registra apenas 0.6%, cerca de 6 mil, una disparidad que hace más visible la distancia entre el discurso de progreso y la realidad de amplias zonas del país.
El propio informe señala además que buena parte de esas letrinas no son mejoradas y carecen de condiciones mínimas de higiene y seguridad, lo que eleva el riesgo de enfermedades gastrointestinales y parasitarias. El dato no se limita a describir una carencia: deja planteada una responsabilidad pública pendiente y confirma que el saneamiento básico sigue siendo una deuda que no admite maquillaje estadístico ni indiferencia institucional.