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La SCJ vuelve a tumbar el caso Bávaro y: al descubierto otra herencia irregular que el Estado aún arrastra

julio 7, 2026 · Redactor
La SCJ vuelve a tumbar el caso Bávaro y: al descubierto otra herencia irregular que el Estado aún arrastra
Foto: www.diariolibre.com

El fallo ratifica que el proyecto se empujó con un decreto contrario a la norma y bajo un contrato cuestionado; mientras persiste la exigencia de vigilancia sobre cómo se manejan estas decisiones públicas

La Suprema Corte de Justicia volvió a fallar contra el Aeropuerto Internacional de Bávaro y, con ello, reabrió el foco sobre una cadena de decisiones públicas que terminaron chocando con la ley. La Tercera Sala, actuando como corte de casación, desestimó un recurso del AIB y declaró inadmisibles otras dos acciones impulsadas por el Grupo Abrisa, en un caso que refuerza la alerta institucional sobre proyectos promovidos sin cumplir las reglas.

La sentencia también calificó como contrario a la norma jurídica el decreto 270-20, emitido durante el gobierno de Danilo Medina para aprobar y fomentar la obra. Ese punto conecta el expediente con un patrón de decisiones políticas luego desmontadas en los tribunales. Aunque el presidente Luis Abinader había derogado ese decreto tras un fallo previo de la propia SCJ, el nuevo revés judicial subraya que la corrección llegó después de que el Estado quedara involucrado en un proceso objetado por su base legal. El tribunal confirmó además lo ya resuelto por el Tribunal Superior Administrativo frente a los intentos del AIB de revertir la prohibición de continuar el proyecto. En su sentencia, la SCJ rechazó los argumentos de la empresa y dejó consignado, con opinión mayoritaria encabezada por Manuel A. Read Ortiz, que el contrato directo entre el Estado dominicano y el AIB se otorgó en circunstancias irregulares y al margen de los procedimientos previstos en la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones y de los principios de publicidad, transparencia e igualdad recogidos en la Constitución y en la Ley 47-20 de Alianzas Público-Privadas. Más que un litigio empresarial, el caso vuelve a exhibir el costo institucional de decisiones públicas mal sustentadas: un proyecto frenado, años de pleitos y otra señal de que el discurso sobre legalidad y transparencia solo se sostiene con fiscalización constante y rendición de cuentas efectiva.

El expediente deja golpeados tanto al decreto firmado en la pasada administración como a la capacidad del Estado, ya bajo el actual gobierno, de evitar que este tipo de controversias sigan arrastrándose.