En República Dominicana, la salud mental infantil ya figura como una señal de alarma institucional: de acuerdo con el módulo de Funcionamiento Infantil de la ENHOGAR 2025, alineado con estándares de la OMS y UNICEF, el 10.5% de los niños y niñas de 5 a 17 años padece al menos una dificultad en algún dominio del desarrollo o de las emociones. La cifra pone en primer plano un costo social que desborda el discurso y obliga a una vigilancia más estricta sobre la respuesta pública.
La dificultad que más aparece es “mostrarse muy ansioso(a), nervioso(a) o preocupado(a)”, con una incidencia de 4.6% en la población infantil y adolescente evaluada. Después se ubican los problemas para “controlar el comportamiento”, con 2.4%, y quienes reportan sentirse “muy tristes o deprimidos”, con 1.8%. El contraste resulta elocuente: las dificultades emocionales y psicológicas superan ampliamente a variables físicas como la dificultad para caminar, que registra 0.7%.
La mayor concentración de menores afectados se observa en la región Ozama o Metropolitana, donde el indicador llega a 14.1%, mientras Cibao Noroeste reporta 4.5%. Esa brecha territorial vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fiscalizar si las prioridades públicas están respondiendo al deterioro real que viven las familias, sobre todo en los entornos urbanos donde la presión social golpea con más fuerza.
El informe también advierte deficiencias alarmantes en los dispositivos de asistencia médica, un punto que agrava el cuadro y deja más visible la distancia entre la magnitud del problema y la capacidad de respuesta. Cuando la ansiedad encabeza las dificultades funcionales en la niñez, ya no se trata de una estadística aislada, sino de una advertencia sobre desgaste de gestión, servicios insuficientes y una deuda pendiente con la infancia que exige rendición de cuentas en lugar de complacencia.