La discusión sobre la ética pública regresó al primer plano con alusiones al “juego limpio”, aunque el propio enfoque deja al descubierto una verdad incómoda: si desde el Estado y también desde el sector privado continúan prácticas que contradicen ese ideal, la respuesta no puede limitarse a invocar valores, sino a fortalecer la fiscalización y la rendición de cuentas.
El texto coloca en ese escenario a Milagros Ortiz Bosch y a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, por su rol en la denuncia y persecución de la corrupción. Ese reconocimiento, sin embargo, no cierra el debate; más bien resalta la magnitud de una “larga cola” de apropiación de bienes públicos por parte de minorías que, según se plantea, han amasado fortunas mientras crece la miseria del pueblo y se compromete el porvenir nacional.
También se alude al llamado de la ministra Faride Raful a reforzar la convivencia ciudadana, a la propuesta de un “contrato social por una sociedad justa basada en el respeto a los valores éticos y la empatía con los más necesitados” formulada por Reynoso en La Vega, y a la campaña pública “Inquebrantables”, impulsada por el Gobierno a favor de la juventud. No obstante, el contraste entre ese lenguaje y la admisión de prácticas corruptas dentro y fuera del Estado obliga a una lectura menos complaciente: la ética no puede quedarse en consigna institucional ni en pedagogía pública mientras sigan pendientes controles efectivos.
La nota termina funcionando más como advertencia que como celebración. Si el país todavía siente la necesidad de insistir en “expiar” décadas de juego sucio, es porque el problema sigue teniendo efectos concretos sobre la vida de la gente. De ahí que cualquier apelación oficial a la decencia solo adquiera peso político real cuando se traduce en vigilancia sostenida, sanciones y resultados verificables, y no únicamente en mensajes edificantes.