La detención del inspector de control migratorio Carlos Javier Sánchez, señalado por supuestamente pedir RD$100 mil a una mujer para permitirle salir hacia España por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, vuelve a colocar bajo escrutinio la capacidad de vigilancia en un punto sensible del sistema migratorio. El imputado fue apresado cuando iba a recibir el dinero en una entrega controlada autorizada por una jueza.
La investigación la encabezan la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de La Altagracia, con respaldo de equipos operativos de la Dirección General de Migración. La operación se realizó mediante un equipo especializado de vigilancia y seguimiento, bajo la dirección del Ministerio Público y con la representación del fiscal Miguel Crucey, tras el Auto núm. 02535-2026, emitido el 26 de junio de 2026 por la jueza Francis Reyes Diloné, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia.
Pese al arresto, el expediente sitúa en primer plano una preocupación institucional: la presunta exigencia de dinero para viabilizar una salida internacional desde una terminal clave del país. El Ministerio Público adelantó que someterá al imputado en las próximas horas para pedirle medidas de coerción ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Altagracia.