Las denuncias hechas por integrantes del sector artístico contra el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) vuelven a colocar a ese servicio público bajo escrutinio por su respuesta ante los ciudadanos: de acuerdo con los testimonios difundidos, el cuerpo de Stuart Ortiz fue entregado en avanzado estado de descomposición y la familia tuvo que enfrentar un trato hostil durante todo el proceso, una brecha marcada entre la obligación institucional de actuar con dignidad y lo que fue denunciado.
Emilio Fernández afirmó que, desde el primer momento, los allegados recibieron un manejo insensible por parte del personal. “Mira, desde que empezamos el proceso, el trato fue súper hostil. Le hablaban súper mal a los familiares, no daban informaciones, nada”, dijo al describir la falta de comunicación y de humanidad en una etapa de duelo.
En tanto, Orestes Amador escribió en Instagram que las condiciones en que fue entregado el cadáver impidieron a la familia despedirse de su ser querido de forma digna. Además, calificó la situación como inaceptable y reclamó que se aclare qué ocurrió en el manejo forense del caso.
Más allá del episodio concreto, las quejas apuntan a un problema institucional: la necesidad de revisar los protocolos de atención, el manejo de cuerpos y el trato a los familiares que acuden al Inacif en medio del dolor. Los actores solicitaron que las autoridades competentes investiguen lo ocurrido, determinen responsabilidades si las hubiera y adopten medidas que garanticen un trato humano y respetuoso.
Por ahora, el Inacif no ha ofrecido una respuesta pública sobre las denuncias. Ese silencio incrementa la exigencia de rendición de cuentas en un caso que vuelve a poner sobre la mesa el desgaste de la gestión pública cuando el ciudadano se encuentra con instituciones cerradas, sin información y alejadas de la sensibilidad que el Estado está obligado a garantizar.