Este sábado, un grupo de imputados en el caso Senasa 2.0-A fue llevado desde la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva hasta la sede de la Procuraduría General de la República, donde fue llamado a interrogatorio, en medio de un amplio dispositivo de seguridad. El operativo, a cargo de agentes de la Unidad de Traslado de Alto Riesgo (UTAR), contempló la salida por una escalera conectada con la parte trasera del edificio y el uso de un minibús de la Procuraduría, para evitar las zonas de mayor circulación del Palacio de Justicia.
La movilización de los detenidos, entre ellos personas vinculadas a procesos de corrupción, vuelve a colocar el caso en el plano de la fiscalización sobre el manejo institucional y los controles en una entidad sensible para los ciudadanos como el Seguro Nacional de Salud (Senasa). Antes del traslado, varios de los imputados recibieron la visita de sus abogados para coordinar su defensa técnica y la estrategia que asumirán durante el proceso.
La audiencia para conocer medidas de coerción fue fijada para este domingo en horas de la mañana ante el Juzgado de Atención Permanente. Allí, el Ministerio Público presentará los elementos que, según sostiene, vinculan a los arrestados con las presuntas maniobras fraudulentas investigadas. En total, 28 personas, entre ex empleados de Senasa, médicos y otros vinculados a la investigación, fueron arrestadas durante los operativos, en un expediente que refuerza la alerta sobre transparencia, vigilancia y resultados en la gestión pública.