La Fuerza del Pueblo acudió este lunes a la Cámara de Cuentas para reclamar una fiscalización sobre el Fideicomiso para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional (FTPN) y sobre todos los recursos públicos asignados a la reforma policial entre 2021 y 2026, al entender que antes de abrir una nueva fase el Gobierno debe explicar el dinero ya ejecutado y los resultados obtenidos.
La petición fue depositada por Josefina Reynoso, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esa organización, quien afirmó que el órgano fiscalizador puede disponer una auditoría especial conforme al artículo 10 de la Ley 10-04. Su planteamiento coincide con la entrega de un nuevo proyecto de ley promovido por el Gobierno dentro de la reforma policial, aunque la dirigente opositora advirtió que no puede seguir acumulándose discurso oficial sin aclarar primero qué ocurrió con los fondos ya destinados al proceso.
Reynoso indicó que desde 2021 se han anunciado inversiones, programas y acciones orientadas a transformar la Policía Nacional. No obstante, señaló que continúan los cuestionamientos sobre el impacto de esas medidas frente a la percepción de inseguridad y a los hechos de violencia registrados en el país, un contraste que —dijo— hace inevitable revisar el uso de los recursos públicos.
De acuerdo con su explicación, la auditoría permitiría precisar el monto total invertido entre 2021 y 2026, los fondos administrados mediante el fideicomiso, el destino de ese dinero, el nivel de ejecución de los proyectos financiados y el cumplimiento de los objetivos previstos. También serviría para determinar si existe correspondencia entre la inversión realizada y los resultados alcanzados en la transformación institucional.
La representante de la Fuerza del Pueblo recordó además que, al inicio de la reforma policial, sus propios coordinadores ya habían planteado la necesidad de auditorías. Con ese antecedente, la solicitud opositora se presenta como una advertencia institucional sobre una reforma ampliamente impulsada desde el poder, pero todavía obligada a demostrar con cuentas claras y resultados verificables que no se quedó en anuncios.