La familia Disla puso de nuevo sobre la mesa las dudas en torno a los controles institucionales sobre la actuación militar en conflictos de propiedad. De acuerdo con su denuncia, el general de brigada Perdomo Sánchez, entonces director de Asuntos Internos del Ejército de República Dominicana (ERD), habría intervenido en gestiones ligadas a un intento de desalojo de personas que ocupaban o ejercían derechos sobre terrenos en disputa civil, inmobiliaria y registral.
A juicio de la familia, la situación reviste especial gravedad porque se trata de una controversia que debe ser conocida por los tribunales y por las instancias civiles competentes, en particular la Jurisdicción Inmobiliaria. Por ello, pidió al mayor general Jimmy Arias Grullón, comandante general del ERD, y al teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ministro de Defensa, que se abra una investigación institucional para determinar cómo ocurrió la supuesta intervención y cuál fue su fundamento.
Los Disla también dirigieron varias preguntas a las autoridades militares: quién pidió la intervención del oficial, en qué calidad actuó, si existía una orden judicial expresa, qué tribunal la habría emitido, quién dio las instrucciones, qué documentos se presentaron y cuál era la base legal para emplear personal militar en una controversia sobre terrenos registrados. La familia señaló que esas preguntas no persiguen una condena anticipada, sino transparencia, investigación y respeto al Estado de derecho, al insistir en que el poder militar no puede sustituir al poder judicial.