El más reciente informe de la Superintendencia de Bancos dibuja un escenario favorable para el crédito destinado a las mipymes, aunque sus propios datos también encienden una alerta institucional: la aceleración del financiamiento convive con desequilibrios por tamaño de empresa y por territorio que impiden hablar de una mejora pareja.
Al cierre de abril de 2026, la cartera comercial orientada a mipymes llegó a RD$576,837 millones, lo que representa el 44.2% del saldo de la cartera comercial privada del sistema financiero nacional. El reporte registra un crecimiento interanual nominal de 9.1% y de 3.8% en términos reales, además de una baja en los costos financieros y una estabilidad relativa en los indicadores de riesgo. Aun así, ese desempeño viene acompañado de señales que obligan a mirar con cuidado el impacto efectivo sobre la economía productiva.
La heterogeneidad sobresale entre ellas. Las medianas empresas lideraron la expansión con un avance real de 12.5% y las microempresas crecieron 6.7%, mientras que las pequeñas empresas y la categoría “Otros Pyme” presentaron caídas reales de -5.6% y -5.8%, respectivamente. Aunque el informe menciona una recuperación de las pequeñas empresas tras meses anteriores y resalta un incremento de 2.1% en la cantidad de deudores únicos, la distancia entre el dato global y el comportamiento por segmento sigue siendo evidente: no todas las empresas están recibiendo el mismo empuje.
La otra señal crítica aparece en la distribución geográfica del crédito. La región Metropolitana reúne el 55% de la cartera total, seguida por la región Norte con 25.7%, en tanto la región Este exhibió la mayor expansión interanual del saldo adeudado, con 66.9%. Esa diferencia confirma que el acceso al financiamiento sigue condicionado por una repartición desigual, con efectos directos sobre las oportunidades, el empleo y la capacidad de resistencia de miles de negocios fuera de los principales polos.
Si el crédito a mipymes pretende presentarse como un apoyo real a la economía, no alcanza con mostrar crecimiento agregado. El propio informe oficial obliga a poner atención en quiénes se quedan atrás, cuánto pesa la concentración territorial y si la mejoría reportada se traduce en alivio concreto para las unidades productivas más vulnerables, en vez de quedarse en una imagen favorable para el discurso.