El desalojo realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales contra El Navío Bar & Seafood, en la costa de Pedernales, quedó bajo cuestionamiento después de que su propietario, Odanis Antonio Grullón, denunciara que la medida se ejecutó en violación de una sentencia judicial que, según afirmó, suspendía la acción ordenada mediante la Resolución No. 009-2026. La denuncia pone sobre la mesa la necesidad de aclaraciones oficiales sobre el cumplimiento de las decisiones de los tribunales y la consistencia de la actuación administrativa.
En una entrevista telefónica con El Nuevo Diario, Grullón admitió que el negocio estaba dentro de la franja protegida de 60 metros a partir de la pleamar, pero aseguró que su permanencia en el lugar había sido autorizada por el propio Ministerio de Medio Ambiente bajo excepciones previstas en la legislación ambiental. Entre esos permisos mencionó la Autorización No. VCMYM-511-2021, de fecha 14 de mayo de 2021, emitida luego de inspecciones técnicas de funcionarios ambientales y autoridades de Recursos Costeros y Marinos, además de otras autorizaciones posteriores para ampliaciones, pasarelas y reparaciones.
El empresario también sostuvo que la Ordenanza Civil No. 250-2026-SCIV-00026, emitida el 25 de marzo de 2026 por el Tribunal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pedernales, disponía suspender el desalojo hasta que el Tribunal Superior Administrativo conociera el recurso contencioso administrativo presentado contra la resolución de Medio Ambiente. A ello se suma su afirmación de que no recibió notificación previa del reciente retiro, lo que intensifica el contraste entre la ejecución material y el proceso legal que, según su versión, seguía abierto.