El dramaturgo Giovanny Cruz cuestionó públicamente el criterio usado para autorizar funerales de artistas muertos en el Teatro Nacional, al considerar que esa decisión contradice la función institucional del recinto y abre la puerta a tratamientos desiguales.
En una carta dirigida al ministro de Cultura, Cruz planteó su objeción a que el teatro sea utilizado como escenario para velatorios, al advertir que esa práctica se aparta del propósito estatutario y filosófico de la institución. Su planteamiento coloca el debate en un terreno más amplio: el de las reglas que deben aplicarse por igual a todos cuando se trata de espacios públicos con una misión definida.
La preocupación expresada por el dramaturgo no se limita al uso puntual del recinto, sino al precedente que deja una autorización de ese tipo. Cuando una institución cultural modifica su función para responder a casos específicos, el asunto deja de ser solo ceremonial y pasa a ser una discusión sobre institucionalidad, criterios de autorización y confianza pública.
Cruz no aportó en su carta elementos sobre compensaciones, costos o procedimientos administrativos vinculados a la decisión. Sin embargo, su mensaje sí insiste en que el Teatro Nacional debe preservarse como espacio cultural, y no como un lugar sujeto a excepciones según la categoría de quienes sean despedidos allí.
El reclamo, en ese sentido, no presenta el debate como una disputa personal sino como una exigencia de orden institucional: si existe una norma para el uso del recinto, esa norma debe ser clara, consistente y aplicarse sin privilegios ni excepciones de interés particular.