La imposición de medidas de coerción contra cuatro personas vinculadas a dos operaciones de tráfico ilícito de migrantes hacia Puerto Rico volvió a poner sobre la mesa un problema que ya había escalado antes de llegar a los tribunales: 128 personas fueron interceptadas cuando intentaban salir de manera clandestina por vía marítima. En La Altagracia, el Ministerio Público presentó el caso tras una investigación coordinada con la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), la Fiscalía de La Altagracia, la Armada de República Dominicana y el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos (USCG) en Puerto Rico.
De acuerdo con el expediente, en una de las operaciones fueron interceptadas 77 personas y en la otra 51, ambas con destino irregular a territorio puertorriqueño. El tribunal impuso tres meses de prisión preventiva a Vladimir Lajara Aguasvivas, conocido como “el Mello”, señalado por las autoridades como uno de los organizadores.
Además, dictó garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país contra Wiston José Muñoz Rosario y Berto De La Rosa Ortega, vinculados a la travesía en la que fueron interceptadas 77 personas, y una medida similar contra Iván Peña Faña, señalado como capitán de la embarcación usada en la otra operación.
Aunque el proceso judicial avanza sobre los presuntos responsables identificados, el caso deja abierta una exigencia de rendición de cuentas sobre la capacidad real del Estado para contener estas redes antes de que decenas de personas sean embarcadas en travesías clandestinas. El expediente muestra acción punitiva después de las interceptaciones; el dato central, sin embargo, es que 128 personas ya habían entrado en dos operaciones de alto riesgo, un contraste que mantiene la presión pública sobre la vigilancia institucional y los resultados de la gestión frente al tráfico ilícito de migrantes.