SANTO DOMINGO. – Margarita Cedeño lanzó este martes nuevas críticas contra la gestión del Gobierno al sostener que la calidad de vida de la población no puede evaluarse con indicadores aislados, sino con la tranquilidad, la seguridad y las condiciones reales en que viven las familias dominicanas, una observación que vuelve a presionar al poder para que responda por resultados que la ciudadanía dice no percibir en su día a día.
La exvicepresidenta de la República hizo el planteamiento en un hilo de ocho publicaciones en su cuenta de X, donde afirmó que el bienestar de un país debe verse reflejado en la experiencia cotidiana de sus ciudadanos. “La calidad de vida no se explica con estadísticas. Se refleja en la tranquilidad con la que vive una familia, en la confianza que inspira un gobierno y en la esperanza con la que un pueblo mira el futuro”, escribió.
Cedeño señaló además que miles de dominicanos manifiestan preocupación por el alto costo de la vida, la inseguridad ciudadana, el aumento del transporte, la incertidumbre económica, la posibilidad de nuevas cargas tributarias y el debate alrededor del nuevo Código Penal. “Son inquietudes reales que merecen ser escuchadas”, dijo, al poner sobre la mesa el costo social de decisiones públicas que, a su juicio, no pueden seguir tratándose desde la distancia del poder.
También afirmó que escuchar las demandas de la población es una responsabilidad de quienes gobiernan y advirtió, en la práctica, sobre el desgaste que provoca la desconexión entre la comunicación oficial y las preocupaciones ciudadanas. “La democracia también se expresa cuando la ciudadanía hace sentir su voz. Escuchar ese mensaje no es una opción; es una responsabilidad de quienes gobiernan. El diálogo siempre será más útil que la indiferencia y la empatía siempre será mejor que la distancia”.
La exvicepresidenta agregó que, antes de adoptar medidas que impacten el bolsillo de la población, el Estado debe demostrar un manejo responsable de los recursos públicos, una exigencia de fiscalización que vuelve a colocar bajo escrutinio la forma en que el Gobierno administra sus decisiones en medio de presiones económicas y malestar social.