Una investigación expuesta en el XXI Congreso Internacional de Investigación Científica vuelve a situar en primer plano un problema que golpea de forma directa a los hogares: el calor urbano no solo eleva la temperatura en las ciudades, también empuja el consumo de electricidad y expone a la población a mayores riesgos de salud, mientras siguen sin aparecer respuestas de fondo desde la gestión pública.
El estudio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), presentado por la arquitecta Orisell Medina Lagrange, sostiene que el fenómeno de la Isla de Calor Urbano ha profundizado los desafíos ambientales en entornos urbanos del Caribe. En ese marco, las zonas urbanas registran temperaturas más altas y un aumento del consumo de energía eléctrica, con un promedio de 19% más para refrigeración, aunque con variaciones según el área.
La investigación calcula además que por cada grado de aumento en la temperatura, la carga eléctrica máxima de un edificio crecería hasta un 4,6% y el consumo total de electricidad subiría hasta un 8,5%. La propia investigadora advirtió que ese mayor consumo genera un incremento directo y proporcional de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que refuerza un círculo de presión sobre los servicios, el bolsillo y el entorno urbano.
La presentación del caso Bayahibe también abre una discusión que va más allá de lo técnico y exige atención institucional: el color de las fachadas, los materiales de construcción y el uso de sistemas de refrigeración pasivos y de bajo consumo figuran entre las medidas para reducir la dependencia de la refrigeración mecánica. El dato pone bajo la lupa las prioridades con que se planifican las ciudades y obliga a que instancias como el Congreso no pasen por alto un problema que ya tiene un costo social medible.
A escala de barrio, el estudio añade que los picos de calor elevan el riesgo de morbilidad en la época cálida y pueden traducirse en casos agravados por golpes de calor. La advertencia científica, presentada en un evento organizado por el MESCyT, deja así un contraste incómodo entre el discurso sobre desarrollo y la realidad de comunidades que enfrentan más calor, más gasto eléctrico y mayor vulnerabilidad sin que el problema pueda seguir tratándose como secundario.