La negativa de Banreservas a inmovilizar fondos de la Junta Central Electoral frenó, de momento, el embargo solicitado por Latin Events, LLC, aunque no apagó el conflicto judicial que rodea al órgano electoral. De acuerdo con un comunicado de la propia JCE, el banco sustentó su decisión en la Ley 86-11 y en la sentencia 0048-2015 del Tribunal Constitucional, normas que impiden congelar recursos públicos salvo que exista una decisión definitiva, condición que la institución afirma que no se cumple en este caso.
Asimismo, la JCE indicó que depositó de manera formal un recurso de apelación contra el auto dictado el 29 de junio de 2026 por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que acogió una solicitud de homologación de sentencia extranjera presentada por Latin Events. Esa apelación, fechada el 16 de julio de 2026, cita y emplaza a la empresa ante la Cámara de lo Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Como parte de su defensa, la Junta aseguró que “no existe evidencia alguna” de aprobación ni autorización del Pleno o del presidente de la JCE para la contratación de los presuntos servicios reclamados. La propia institución plantea ese punto como una cuestión de debida contratación pública, lo que deja en discusión los controles internos y la forma en que un conflicto de esta naturaleza termina alcanzando, aunque sea provisionalmente, recursos de un órgano clave del Estado.