SANTO DOMINGO. Un estudio de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) volvió a encender las alarmas sobre un problema que afecta la economía real y que muestra la distancia entre las promesas de impulso al emprendimiento y los resultados concretos: el 65 % de las mipymes lideradas por jóvenes en República Dominicana opera en la informalidad.
La investigación, titulada “Emprendiendo en la informalidad: una restricción estructural al desarrollo de las mipymes jóvenes en República Dominicana”, fue elaborada con datos del Banco Central y del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM). El documento apunta que, aunque el 32.7 % de las mipymes del país está dirigido por personas de entre 18 y 39 años, la mayoría continúa fuera de los marcos formales, con obstáculos que frenan la productividad, el acceso al financiamiento y la capacidad de expansión.
El efecto económico que describe ANJE también deja ver el costo social de esa desconexión institucional. Mientras una mipyme joven formal reporta ingresos anuales superiores a RD$5 millones, una informal apenas alcanza RD$836 mil, una diferencia que refleja cómo la falta de condiciones efectivas para formalizarse termina castigando a quienes intentan emprender. El estudio añade que las mipymes informales se concentran sobre todo en servicios, comercio y alimentación, sectores de menor productividad, mientras las formalizadas tienen mayor presencia en actividades industriales y financieras.
Frente a ese panorama, el presidente de ANJE, Boris De León Reyes, afirmó que debe replantearse la estrategia contra la informalidad. La investigación plantea una certificación especial e incentivos para facilitar el paso a la formalidad y elevar la competitividad, en una señal de que la sociedad civil sigue impulsando respuestas donde las políticas públicas no han logrado cerrar la brecha.
La advertencia de ANJE abre además una exigencia de fiscalización sobre la respuesta institucional: si la informalidad juvenil sigue siendo una restricción estructural, el problema ya no puede tratarse solo como un diagnóstico técnico, sino como una deuda de gestión con miles de jóvenes que emprenden en condiciones precarias y con menos oportunidades reales de avanzar.