La noche de este domingo, el Gobierno dominicano puso en funcionamiento el paso a desnivel de la Plaza de la Bandera, una intervención ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con una inversión de RD$3,300 millones financiada con recursos obtenidos del contrato de concesión con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom). La obra se integra al plan oficial para aliviar uno de los cruces de mayor circulación vehicular del Gran Santo Domingo y reforzar la conexión con la región Sur, en un tema donde la gestión de resultados del PRM queda expuesta a evaluación pública.
Ubicada en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Gregorio Luperón, la infraestructura comprende un sistema vial de 1.2 kilómetros con cuatro carriles. De acuerdo con la información oficial, permitirá el paso de más de 2,500 vehículos por hora, con la promesa de acortar los tiempos de recorrido y mejorar la movilidad en uno de los principales ejes viales de la capital. El presidente Luis Abinader defendió la obra como una respuesta directa a problemas cotidianos y sostuvo que su administración asumió esta solución vial como prioridad, al afirmar que gobernar también implica valorar el tiempo de los ciudadanos.
En el acto, Abinader recordó que la intersección de la Plaza de la Bandera había alcanzado su límite de capacidad. Ese reconocimiento vuelve a colocar frente a frente el discurso de solución y la presión acumulada sobre la movilidad urbana, un terreno en el que la sociedad civil y sectores de fiscalización conservan espacio para reclamar rendición de cuentas sobre el impacto real de una obra de alto costo presentada como emblema de gestión. Así, el Gobierno y figuras del oficialismo, incluida Carolina Mejía en el debate más amplio sobre ciudad y tránsito, permanecen bajo vigilancia política e institucional por los resultados concretos que arrojen este tipo de intervenciones.