La Audiencia de Málaga ha impuesto 52 años de prisión a un sacerdote por agredir sexualmente a cuatro mujeres, a las que sedaba y grababa sin su consentimiento, en una sentencia que no solo fija una pena ejemplar, sino que también pone el foco en los vacíos de vigilancia que permitieron que todo ocurriera dentro de una relación de confianza nacida en espacios religiosos.
La resolución, conocida este jueves, da por acreditada la tesis de la Fiscalía y de las acusaciones particulares. El tribunal concluye que el condenado aprovechó su presencia en distintas instituciones religiosas para ganarse la confianza de las víctimas, con las que mantenía una amistad surgida en esas actividades. Después, les suministraba una sustancia de composición no determinada, que les provocaba una somnolencia profunda y pérdida de conciencia, estado en el que cometía las agresiones sexuales.
El fallo le impone 12 años de prisión por cada uno de tres delitos continuados de abuso sexual con penetración, agravados por abuso de confianza, además de 13 años de alejamiento respecto de esas tres víctimas. Por un cuarto delito continuado de abuso sexual, también agravado por abuso de confianza, recibe otros cuatro años de cárcel y una orden de alejamiento de cinco años respecto de la cuarta mujer.
A esa pena se suman 12 años más por cuatro delitos continuados de descubrimiento y revelación de secretos, al haber grabado a las víctimas. La sentencia ordena también indemnizaciones superiores a 400.000 euros y fija la responsabilidad civil subsidiaria del Obispado de Málaga, un elemento que traslada el caso del plano individual al de la fiscalización institucional.
Más allá de la gravedad de los hechos, el contraste entre el espacio de confianza en el que ocurrieron y el desenlace judicial deja ahora una exigencia de vigilancia y rendición de cuentas sobre los entornos donde el abuso de poder puede ocultarse tras relaciones de autoridad y cercanía.