El incremento de nueve y cinco pesos en los precios de las gasolinas y el gasoil generó un rechazo inmediato en varios espacios de la vida cotidiana y volvió a poner al Gobierno dominicano bajo presión por el deterioro del costo de vida. Aunque el Gobierno informó que este año ha ejecutado más de RD$33,807 millones en subsidios a los combustibles, la reacción ciudadana se concentró en el efecto directo de la medida sobre el transporte, la comida y la economía de los hogares.
En los comentarios recogidos luego de conocerse la noticia, ciudadanos calificaron la decisión como un “abuso” y cuestionaron que, cuando el barril de petróleo baja, los precios se mantengan, pero que cuando sube el ajuste recaiga sobre la población. “El Gobierno tiene que entender que el pueblo no aguanta más aumentos. Subir la gasolina 9 pesos de un solo golpe no es cualquier cosa. Cuando sube el combustible, sube el transporte, la comida y prácticamente todo. Al final, el que siempre termina pagando los ‘disparates’ del gobierno es el ciudadano de a pie”, comentó Wesly Fermin.
La reacción también fue expresada por la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco), el Centro de Educación para la Paz, Tolerancia y Desarrollo (Cepatode), el Instituto de Resolución Alternativa de Conflictos Alexis Rafael Peña (Ircap) y la Asociación de Comités de Amas de Casas del Distrito Nacional y Santo Domingo (Acadisando), que cuestionaron que el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) aplicara el alza sin tomar en cuenta el encarecimiento de los productos de primera necesidad. Aunque valoraron que el Gas Licuado de Petróleo (GLP) se mantenga al mismo precio, advirtieron sobre el impacto social de una decisión que amplía el contraste entre la explicación oficial y la presión real que enfrentan los consumidores.