La queja del abogado Alfonso Ramos por no haber podido asistir a su representado, el ortopedista Díaz Encarnación, vuelve a colocar el caso SeNaSa 2.0 en una discusión delicada para la institucionalidad: el alcance del derecho de defensa desde el inicio de una investigación. De acuerdo con su relato, permaneció desde las 9:00 de la mañana en la sede de la Procuraduría General de la República sin poder entrar en contacto con su cliente hasta alrededor de las 7:00 de la noche, mientras este era interrogado.
Ramos definió lo ocurrido como una “franca violación” y recordó que la Constitución y el Código Procesal Penal, incluido el artículo 96.9, reconocen el derecho de toda persona requerida por las autoridades a consultar y ser asistida por un abogado de su elección desde las primeras actuaciones del proceso. Añadió que impedir ese contacto puede facilitar la obtención de información sin un mecanismo de defensa durante los interrogatorios.
El jurista afirmó además que la Procuraduría estaría recurriendo a una estrategia de cansancio con los investigados. También insistió en que corresponde al órgano acusador demostrar las imputaciones que eventualmente formule contra Díaz Encarnación, detenido durante los allanamientos simultáneos realizados la madrugada de este viernes, y subrayó que su representado mantiene su condición de inocente mientras avanza la investigación.