La solicitud de tres meses de prisión preventiva contra Henry Tomás Castillo Peña, de 57 años, y Brailyn López Del Rosario, de 20, por presunto proxenetismo agravado, lavado de activos y delitos de alta tecnología, vuelve a colocar bajo escrutinio la capacidad de las autoridades para detectar a tiempo estructuras que, según la investigación, explotaban sexualmente a adultos y presuntos menores de edad en un inmueble del sector San Carlos, en el Distrito Nacional. El expediente, presentado ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, sostiene que ambos imputados utilizaban redes sociales para difundir imágenes pornográficas y ofertar servicios sexuales de las víctimas, con pagos mediante cuentas bancarias y dinero en efectivo.
Las pesquisas, encabezadas por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT) y la Fiscalía del Distrito Nacional, ubican las operaciones en un edificio de la calle Emilio Prud’Homme, mientras el caso avanza con apoyo de organismos nacionales y de Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos. La investigación se activó después de que autoridades de HSI y la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo remitieran documentos y elementos a través del mecanismo MLAT, y de que el 13 de noviembre de 2025 agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), adscritos a HSI, intervinieran a Castillo Peña al llegar a Nueva York por el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy.
El caso, más allá de la solicitud de coerción, deja un contraste incómodo entre el discurso institucional y la persistencia de delitos graves que obligan a cooperación externa para ser desarticulados, en un escenario que refuerza la exigencia de rendición de cuentas sobre prevención, supervisión y resultados.