La sentencia que absolvió a Nicolás Castillo Báez y Francis Alberto Fuentes por la muerte de Espeditin Díaz, de 67 años, devolvió al centro del debate la solidez de las investigaciones y la capacidad del sistema para sostener acusaciones graves hasta una condena. El Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San José de Ocoa dispuso la libertad de ambos imputados por un hecho ocurrido en diciembre del año pasado en Rincón del Pino, donde también se denunció el robo de un celular, RD$10,000 y un foco.
Los jueces Jorvy Armando Sánchez Eusebio, Victor Gabriel Cuevas Cruz y David Antonio Santos Merán emitieron la sentencia absolutoria luego de que la defensa pública alegara insuficiencia probatoria. De acuerdo con los magistrados, en el juicio no quedó demostrado el robo agravado, se registraron contradicciones entre testigos y no fueron aportados elementos suficientes. Aun así, la fiscalía, representada por Juan Ysidro Minyetty y José Altagracia Castillo, había pedido 20 años de prisión para los dos acusados, en un escenario que deja abiertas exigencias de rendición de cuentas sobre cómo se construyó el expediente.
La reacción de los familiares de Espeditin Díaz reflejó el impacto social del fallo. Informaron que apelarán la decisión y manifestaron su indignación al sostener: «Estamos indignados porque ahí están las pruebas». Más allá del desenlace judicial de esta etapa, el caso activa una alerta institucional para la sociedad civil sobre la necesidad de vigilancia y explicaciones ante procesos que terminan con absolución en medio de reclamos de justicia.