La expansión del motoconcho y la débil aplicación de las normas de tránsito han agravado una de las problemáticas urbanas más críticas del país, en un contexto en el que miles de familias dependen de las motocicletas para movilizarse y sostenerse económicamente. Al cierre de 2024, unas 213,450 familias dependían de actividades realizadas con o en motocicletas, que generaron 185,151 empleos, impulsados principalmente por el motoconcho (84.4%) y los servicios de mensajería y delivery, según Afamoto.
Ese peso social y económico, sin embargo, convive con un deterioro de la seguridad vial. Un estudio de la Fundación Movilidad Vial Dominicana (Movido) señala que el 96% de los capitaleños siente miedo, inseguridad o temor a represalias por parte de motoristas debido a incidentes en las vías públicas, mientras el 86% dijo sentirse intimidado o vulnerable al desplazarse por las calles.
Para Hernán Paredes, presidente del Sistema Inteligente de Transporte Dominicano (ITS-Dominicano) y exdirector del Opsevi del Intrant, el problema no se limita a la infraestructura, sino a la ausencia de voluntad política para hacer cumplir las reglas ya existentes. “La crisis de seguridad vial responde principalmente a la falta de recursos económicos y voluntad política para implementar medidas efectivas de prevención y fiscalización”, afirmó. Paredes sostuvo además que, aunque desde 2017 está vigente la Ley 63-17 y existen más de 20 reglamentos derivados de esa legislación, la mayoría de esas disposiciones sigue sin ejecutarse, lo que refuerza el contraste entre el marco legal disponible y los resultados que todavía no llegan a la ciudadanía.