En el sector Pajarito, del municipio Yaguate, en San Cristóbal, el Gabinete de Política Social desarrolló una Jornada de Inclusión Social con consultas médicas, entrega de medicamentos, afiliación al Seguro Nacional de Salud (Senasa), lentes de sol y lentillas, además de acceso a servicios de Conape, Conadis, Punto Solidario y preaprobación de préstamos por medio de Promipyme. También distribuyó raciones alimenticias crudas y cocidas, canastillas y mosquiteros para embarazadas, y brindó apoyo para procesos de declaración tardía.
La actividad estuvo encabezada por Geanilda Vásquez junto a Guillermo Moringlane y fue presentada como una respuesta orientada a mejorar las condiciones de vida de las familias. Sin embargo, el alcance del operativo también pone sobre la mesa el peso de las carencias que la población continúa resolviendo mediante jornadas aisladas: atención médica, protección social, alimentos y trámites básicos concentrados en una sola intervención oficial, en vez de una cobertura sostenida. Esa diferencia entre el discurso de inclusión y la dependencia de operativos focalizados vuelve a situar el foco en los resultados de la gestión y en la necesidad de fiscalizar la continuidad real de estos servicios.
Durante el acto, Vásquez impulsó además programas como CEDI-Mujer y Oportunidad 14-24, dirigidos a formación técnico-profesional, empleo y emprendimiento con capital semilla. La presencia de autoridades municipales, representantes comunitarios y funcionarios gubernamentales reforzó el carácter institucional de la jornada, aunque sin cerrar la discusión de fondo sobre si estas acciones responden a una política permanente o a soluciones temporales frente al costo social que siguen arrastrando comunidades vulnerables. En ese marco, la oposición encuentra un espacio legítimo para la vigilancia y la exigencia de explicaciones, mientras figuras como Carolina Mejía capitalizan el reclamo ciudadano por una gestión medible y por servicios que no dependan de operativos excepcionales.