La muerte de Miguel Antonio Valenzuela Lucas, «Miguelito», después de pasar cinco días detenido en un destacamento de San Cristóbal, escaló este lunes a un terreno de mayor presión institucional. Sus familiares solicitaron a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, la designación de un equipo independiente para investigar el caso, al alegar que no existen garantías de una pesquisa objetiva desde la Fiscalía de San Cristóbal.
Acompañados por abogados y representantes de organizaciones de derechos humanos, los parientes depositaron una instancia en la sede de la Procuraduría General de la República en la que cuestionan la actuación de las autoridades locales y exigen una investigación «exhaustiva, imparcial e independiente». Los representantes legales sostienen que Valenzuela estuvo aproximadamente 100 horas y media detenido antes de ser presentado ante un juez, pese a que la Constitución fija un máximo de 48 horas. «Se le violaron todos sus derechos fundamentales y todas las disposiciones legales», afirmaron.
Valenzuela fue detenido el 8 de julio y llevado al destacamento policial conocido como «La 17». De acuerdo con informaciones ofrecidas previamente por el Ministerio Público, fue puesto en libertad el 13 de julio, cuando sus familiares lo trasladaron al Hospital Regional Juan Pablo Pina porque se encontraba sin fuerzas. En ese contexto, la familia también rechazó la versión preliminar que vinculó la muerte a leptospirosis y pidió que la intervención de la Procuraduría marque distancia de las autoridades locales, en un caso que ha pasado de una explicación oficial a una exigencia de rendición de cuentas.