La apertura de una investigación del Ministerio Público en Valverde contra varios agentes de la Policía Nacional, a raíz de una denuncia por presunta agresión sexual contra una joven haitiana, vuelve a poner en primer plano las dudas sobre el control real y la vigilancia dentro de la institución, más allá del discurso oficial sobre derechos humanos y transparencia.
El director regional Noroeste de la Policía, general Ramón S. Azcona Reyes, explicó que se ordenó indagar los hechos para aclararlos y determinar responsabilidades. La denuncia se produjo luego de que la joven, en condición migratoria irregular, fuera detenida el pasado domingo junto a otras personas durante un operativo en el municipio de Esperanza y más tarde reportara la presunta agresión.
De acuerdo con la propia Policía, los agentes que tomaron parte en la intervención fueron llamados por la Unidad de Atención a la Violencia de Género del Ministerio Público para ser entrevistados y colaborar con el proceso. Añadió que la joven fue evaluada por un médico legista y que el certificado médico preliminar indica que no presenta evidencias de agresión sexual, aunque las pesquisas siguen abiertas para establecer de manera objetiva e imparcial lo ocurrido.
El hecho de que los policías involucrados hayan quedado a disposición del Ministerio Público no despeja la alarma institucional. Por la gravedad de la denuncia, el contexto de vulnerabilidad de la detenida y la decisión de no divulgar los nombres de los agentes, persisten las exigencias de fiscalización pública y de seguimiento por parte de la sociedad civil. En un caso que involucra seguridad, derechos y confianza institucional, el costo social no se mide por el comunicado, sino por la capacidad del Estado de ofrecer respuestas verificables y responsabilidades claras.