Puerto Rico cerró los primeros seis meses de 2026 con 248 asesinatos, 17 más que en el mismo período de 2025, en una señal que vuelve a encender las alarmas institucionales sobre la seguridad en la isla y pone en duda la eficacia de la respuesta oficial. El dato también repercute en una sociedad fuertemente vinculada con República Dominicana, donde viven más de 80 mil dominicanos en territorio puertorriqueño.
De acuerdo con la Policía de Puerto Rico, cuatro de cada 10 homicidios investigados este año están asociados de manera directa al narcotráfico. A ello se suma que tres de cada 10 muertes responden a venganzas o rencillas entre bandas rivales, mientras nueve de cada 10 asesinatos se cometieron con armas de fuego ilegales. La combinación de crimen organizado, disputas entre grupos y circulación de armas refleja un deterioro que va más allá de la estadística y se traduce en una mayor vulnerabilidad para la población.
En una rueda de prensa recogida por Prensa Latina, el jefe policial Joseph González defendió la estrategia operacional aplicada en las zonas de mayor incidencia delictiva. Aun así, el propio balance oficial confirma el repunte de los homicidios, un contraste que deja bajo escrutinio los resultados de esos operativos y la capacidad real de contención frente al avance de la violencia.
Pese al aumento, el cuerpo de seguridad adelantó que los planes de contingencia seguirán sin variaciones estructurales, mientras sus analistas mantendrán el foco en el patrullaje y la inteligencia para interceptar cargamentos de armas. La decisión de sostener la misma línea en medio del deterioro mantiene abierto el debate sobre la rendición de cuentas, la prioridad ciudadana y la urgencia de respuestas más efectivas ante una crisis que ya tiene un costo social visible en toda la región caribeña.