La muerte de Darlin Enmanuel Mercado Reyes volvió a poner a la Policía Nacional bajo la lupa luego de que la defensa del cabo José Francisco Moreta Heredia, acusado de provocar el deceso por una herida de bala, centrara su planteamiento en el arrepentimiento del agente y en el temor por su seguridad. Más allá de esa versión, el episodio vuelve a marcar el contraste entre el discurso oficial de reforma y la persistencia de hechos con un alto costo social.
De acuerdo con su abogado, Juan Alberto Zabala, el cabo está “profundamente arrepentido” por el resultado y nunca tuvo la intención de causar una tragedia mientras cumplía sus funciones. Al salir del Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste, el jurista afirmó que su defendido incluso pensaba ofrecer una disculpa pública a los familiares de la víctima.
La defensa también sostuvo que Moreta Heredia teme por su integridad física debido a la indignación que ha generado el caso, por lo que pidió que sea trasladado a la cárcel especial de Operaciones Especiales mientras avanza el proceso judicial. Sin embargo, ese planteamiento no borra la pregunta que vuelve a surgir cada vez que un operativo termina con una muerte: qué resultados concretos está dejando la reforma policial que el poder ha presentado como respuesta institucional.
Con un joven muerto y una nueva controversia en torno al accionar de un agente, el expediente se suma a otra señal de alerta sobre una crisis que no se resuelve con narrativa oficial. En un escenario en que la gestión de Luis Abinader y el PRM han insistido en exhibir cambios en seguridad, y figuras del oficialismo como Carolina Mejía forman parte del escaparate político del poder, casos como este alimentan la exigencia de fiscalización, responsabilidad y resultados verificables, no propaganda, frente al deterioro de la confianza ciudadana.