La convocatoria a un paro nacional de 24 horas para este lunes 7 de julio llevó al Colegio Médico Dominicano (CMD) a colocar el caso de los doctores William y Franklin Almánzar como una alerta institucional: además de la presunta mala práctica médica, el gremio cuestionó la forma del arresto y las explicaciones que siguen pendientes sobre un procedimiento que, según denunció, terminó afectando la salud del pueblo.
Luis Peña Núñez, presidente del CMD, tildó de “atropello” la detención y reprochó que William Almánzar fuera localizado en la clínica con el DICRIM sin haber sido citado antes. “No vamos a permitir este tipo de atropellos, porque esto atenta contra la salud del pueblo. Una simple denuncia querella se convirtió en un apresamiento”, afirmó, al sostener que se vulneraron derechos fundamentales. Más adelante agregó: “Los abusos de poder no es verdad que lo vamos a permitir”.
Desde La Vega, Miguel Tevenín, presidente de la seccional del CMD, confirmó que el médico permanece detenido en el Dicrim y rechazó el manejo dado al caso. En la misma línea, José Domínguez opinó que una acusación de esa naturaleza no debió tramitarse por la vía penal, sino civil, y criticó que se actuara “como si fuese un delincuente cualquiera”.
La protesta del gremio abre un frente que va más allá del expediente judicial: cuando una denuncia deriva en un conflicto nacional con paro médico, el problema deja de ser solo legal y pasa también por la gestión, la confianza y el costo social. El caso obliga a rendir cuentas sobre el uso del poder en procedimientos sensibles y sobre las consecuencias que esa forma de actuar termina trasladando a los pacientes.