SANTO DOMINGO.- El rechazo a las nuevas medidas tributarias y al aumento de costos en los servicios dejó de ser un asunto exclusivo de la oposición. En el Congreso, incluso legisladores del PRM han reconocido que el paquete tendrá un impacto directo en la economía de los dominicanos, en una nueva contradicción entre el discurso oficial y las cargas que terminan asumiendo las familias.
El diputado de Fuerza del Pueblo, Heriberto Aracena, calificó las disposiciones como «medidas antipobres» y aseguró que chocan con la promesa gubernamental de no afectar la economía familiar. Además, cuestionó el incremento en los combustibles, al sostener que suma presión sobre la población pese a la caída del precio internacional del petróleo, y criticó el aumento de la tasa por salida aérea por encarecer los viajes de las familias dominicanas.
Desde otra bancada opositora, José David Báez sostuvo que ya se había advertido sobre las consecuencias de impulsar medidas tributarias sin consenso ni planificación. A su juicio, las nuevas disposiciones llevarían a muchos ciudadanos a manejar más dinero en efectivo, con el consiguiente riesgo para la seguridad ciudadana, y reflejan el costo de gobernar sin escuchar a la población ni a los sectores sociales afectados.
La señal de desgaste institucional se acentuó cuando la diputada del PRM, Soraya Suárez, admitió que las nuevas cargas económicas afectarán a quienes usan con frecuencia los servicios bancarios. La legisladora pidió revisar las medidas y abrir una mesa de diálogo, al advertir que una posible eliminación de facilidades de pago electrónico en estaciones de combustibles generaría más dificultades para la población.
Así, la discusión deja de ser técnica y pasa a ser política: el Congreso enfrenta la presión de fiscalizar decisiones que ya muestran costo social, mientras la oposición gana terreno al colocar en primer plano la distancia entre las promesas del Gobierno y los efectos que hoy recaen sobre el bolsillo ciudadano.