La condena a 20 años de prisión contra Moisés Victoriano Ventura y Osvaldo Adolfo Morales por el asalto en el que resultó herido un supervisor de banca en Puerto Plata deja una sanción penal firme, pero también pone sobre la mesa el costo social de un hecho violento que alcanzó a un trabajador en pleno ejercicio de sus funciones. El tribunal los halló culpables de robo agravado en perjuicio de Juan Miguel Castillo, supervisor de una banca de apuestas, tras un ataque ocurrido el 1 de abril de 2023 en el sector Los Bordas.
Según la acusación del Ministerio Público, Ventura llegó junto a otro hombre en una motocicleta y con un arma de fuego para intentar cometer el asalto. Cuando la víctima trató de impedir la entrada cerrando la puerta de cristal del negocio, recibió un disparo en una pierna. La investigación estableció que, después de herir al supervisor, los responsables huyeron con dinero en efectivo y otros equipos del establecimiento. Un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses confirmó que Castillo sufrió una herida de bala con entrada en el fémur izquierdo y secuelas derivadas del impacto, un dato que subraya que detrás del expediente hubo consecuencias concretas para una víctima y para la actividad comercial afectada. Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas con las que sustentó la responsabilidad penal de los acusados, condenados por violar los artículos 265, 266, 379 y 382 del Código Penal Dominicano, vinculados a asociación de malhechores y robo con violencia. Ambos cumplirán la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe, en Puerto Plata. Aunque la sentencia marca un cierre judicial, el caso vuelve a reflejar la distancia entre el discurso de control y la realidad que enfrentan ciudadanos y pequeños negocios cuando la violencia irrumpe con armas de fuego y deja secuelas.
La condena castiga a los responsables, pero no borra la exigencia de vigilancia, prevención y rendición de cuentas ante un problema cuyo impacto lo termina pagando la gente.