República Dominicana aparece entre los países de Centroamérica y el Caribe con más regulaciones para reducir el desperdicio de alimentos, pero el propio diagnóstico presentado por Tetra Pak volvió a poner el foco en un problema que golpea el costo de vida: tener normas no garantiza resultados cuando falla su aplicación. Durante un desayuno de prensa en Santo Domingo, Bruno Basile, director de Comunicaciones para Centroamérica y el Caribe de la empresa, afirmó que Costa Rica y República Dominicana son los países con mayores avances normativos en esta materia.
No obstante, advirtió que en la región persiste una brecha crítica entre el discurso regulatorio y la ejecución. “En algunos casos puede que exista la ley, más no la aplicación de la misma”, sostuvo. La observación cobra peso en un contexto en el que, según el Banco Interamericano de Desarrollo, el 38 % de la población experimenta inseguridad alimentaria, mientras 43 millones de personas enfrentan hambre, de acuerdo con la FAO. A la vez, cerca del 11.6 % de los alimentos producidos en la región se pierde o desperdicia cada año, una señal de que el problema no es solo ambiental, sino también social y económico. Basile planteó que la reducción del desperdicio de alimentos exige un esfuerzo conjunto entre sector privado, gobiernos y ciudadanía, y remarcó que no puede recaer en un solo actor. También señaló que uno de los principales retos en América Latina sigue siendo la conciencia ciudadana sobre reciclaje y aprovechamiento de alimentos, especialmente porque, aunque la industria puede medir y optimizar pérdidas con tecnología y procesos, el desperdicio en los hogares sigue siendo un desafío. El señalamiento deja una alerta institucional para el gobierno dominicano: liderar en normativas sirve de poco si la aplicación no se traduce en alivio tangible frente a la inseguridad alimentaria y al desperdicio.
En un escenario donde los sistemas alimentarios generan un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, la discusión ya no pasa por exhibir marcos legales, sino por rendir cuentas sobre su cumplimiento y su impacto real en la vida de la gente.