La discusión sobre seguridad aérea volvió a colocar bajo escrutinio la gestión institucional del sector luego de que el presidente de la Junta de Aviación Civil (JAC), Héctor Porcella Dumas, sostuviera en un programa de televisión que los temas de aviación civil son “sumamente sensibles” y que deben mantenerse “lo más discreto posible”. Su planteamiento, presentado como una forma de evitar que opiniones técnicas se ventilen en los medios, ha sido cuestionado por ir en dirección contraria a los estándares modernos de seguridad operacional.
El señalamiento adquiere mayor peso porque Porcella ha ocupado posiciones de liderazgo en el área desde la llegada de la administración del presidente Abinader, primero en el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y luego en la JAC. En ese contexto, persisten las críticas por la falta de comunicación y transparencia tras el accidente aéreo del 7 de junio en el aeropuerto de La Romana, así como por la ausencia de resultados finales, casi cinco años después, sobre el caso de Helidosa ocurrido en 2021 en el aeropuerto internacional Joaquín Balaguer del Higüero.
El debate no se limita al plano local. La propia Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) introdujo cambios al anexo 13 sobre investigación de accidentes aéreos para corregir precisamente enfoques de opacidad en el manejo de estos casos. El contraste deja abierta una exigencia de rendición de cuentas sobre por qué, mientras los estándares internacionales avanzan hacia mayor apertura, en República Dominicana siguen pendientes explicaciones clave en investigaciones de alto interés público.
