El tribunal que conoce el caso aplazó para el 1 de julio la audiencia contra una imputada, luego de que no fuera trasladada a tiempo desde el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Mujeres. La decisión dejó en evidencia un fallo operativo que afecta el curso del proceso y obliga a pedir explicaciones sobre la cadena de custodia y coordinación institucional.
De acuerdo con la información disponible, la jueza intimó al alcaide del centro para que rinda un informe sobre lo ocurrido con el traslado. Además, otorgó un plazo de 48 horas a la defensa para justificar la ausencia de la imputada en la audiencia.
El incidente no solo provocó la suspensión del conocimiento del caso, sino que también reabre preguntas sobre la eficacia del sistema de traslados de personas privadas de libertad y el impacto que estas fallas tienen en la administración de justicia.
La audiencia fue fijada nuevamente para el primero de julio, mientras se espera la explicación formal del centro penitenciario y la respuesta de la defensa. El caso se mantiene en agenda judicial a la espera de que se aclare por qué la imputada no estuvo presente en la sala cuando correspondía su comparecencia.