El nuevo Código Penal llegará a su entrada en vigor en agosto con 71 artículos cuestionados, en un contexto en el que ya reaparecen alertas sobre posibles desafíos constitucionales y sobre la necesidad de revisar con rigor el alcance de la reforma.
La advertencia hecha por Moscoso Segarra coloca el debate en el terreno institucional: no basta con aprobar la reforma, también habrá que demostrar que su aplicación será compatible con el orden constitucional y que el proceso de implementación contará con suficiente claridad jurídica para evitar nuevas controversias.
Aunque la entrada en vigor del Código está prevista para agosto, el dato de que 71 artículos siguen bajo cuestionamiento sugiere que el proceso no queda cerrado con la aprobación legislativa. Por el contrario, abre la puerta a una etapa de fiscalización pública sobre qué disposiciones se mantendrán, cuáles requieren revisión y cómo se garantizará seguridad jurídica para ciudadanos, jueces y operadores del sistema.
En ese marco, la atención no solo recae en el contenido de la reforma, sino también en la responsabilidad institucional de explicar sus alcances, transparentar los puntos en disputa y dar seguimiento a cualquier ajuste que se derive de los cuestionamientos constitucionales.
La discusión sobre el nuevo Código Penal, lejos de agotarse con su promulgación, entra ahora en una fase decisiva: la de su implementación efectiva y la verificación de que la norma pueda sostenerse sin choques legales que comprometan su aplicación.