Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos autorizó a la Administración de Donald Trump a seguir aplicando el gravamen global del 10 % impuesto en febrero, en una resolución provisional que mantiene la medida mientras continúa el proceso judicial. La decisión se produce después de que el Tribunal Supremo anulara buena parte del esquema arancelario previo del mandatario, lo que vuelve a poner bajo examen la forma en que la Casa Blanca ha intentado sostener su política comercial.
La nueva vía elegida por el Gobierno se basa en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una disposición que permite establecer aranceles globales de hasta el 15 % durante 150 días y que exige la aprobación del Congreso para ampliar ese plazo. Estas tasas vencen a finales de julio si los legisladores no las prorrogan, lo que deja abierta una discusión institucional sobre los límites del poder presidencial en materia arancelaria.
En mayo, un panel del Tribunal de Comercio Internacional en Nueva York resolvió por 2-1 a favor de una demanda presentada por pequeñas empresas y consideró que los nuevos aranceles eran «inválidos» y «no autorizados por la ley», al concluir que Trump se excedió en la autoridad delegada por el Congreso. Aunque el tribunal de apelaciones permite de momento seguir cobrando el 10 %, el caso mantiene vivo el choque entre la ofensiva arancelaria del presidente y los reparos legales que ya han frenado parte de esa estrategia desde su regreso al poder en enero de 2025.