La Operación XL 526 mantiene bajo la lupa una estructura de ciberextorsión que, según el Ministerio Público, funcionaba desde el municipio de Jacagua y el sector Los Cocos de Santiago, con un esquema que alcanzó a más de 400 ciudadanos estadounidenses. La revisión judicial de las 365 páginas de la solicitud de medida de coerción quedó pautada para el próximo lunes, en un proceso que vuelve a colocar el foco sobre la necesidad de vigilancia y de una respuesta efectiva frente a redes criminales capaces de operar desde territorio dominicano.
Según la investigación, los miembros de la red difundían anuncios en portales de citas y encuentros íntimos con supuestos servicios sexuales ofrecidos por mujeres ficticias. Para ocultar a los operadores en República Dominicana, empleaban números telefónicos virtuales estadounidenses contratados a proveedores en territorio americano, lo que permitía redirigir llamadas y mensajes de WhatsApp hacia los centros de operaciones en Santiago.
Cuando una víctima respondía al anuncio, los llamados tiradores obtenían datos básicos, fotografías y, en algunos casos, adelantos de pago mediante tarjetas de regalo. Después, con el número telefónico real del usuario, otros integrantes de la estructura hacían búsquedas en plataformas de registros públicos de Estados Unidos para identificar familiares, lugares de trabajo, direcciones residenciales y edades. Con esa información, retomaban el contacto bajo un guion agresivo, presentándose como el “encargado o administrador de la chica”, en una mecánica que evidencia el nivel de organización y el costo institucional de permitir que este tipo de operaciones se consoliden antes de llegar a los tribunales.